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¿Tienes una multa y no sabes qué hacer con ella, qué será mejor, pagar o recurrir? Desde este espacio compartiremos contigo temas de interés sobre multas, sobre recursos, carné por puntos, multas de tráfico de empresas, legislación y seguridad vial, analizado por nuestro equipo legal.

Multa anulada por sobrepasar un semáforo en rojo

Procedemos a comentar en este espacio que nos atañe, una interesante sentencia realizada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid sobre la gestión de un recurso a una sanción de tráfico por rebasar un semáforo en fase en roja, cuya base de alegación fue la presunción de inocencia y la vulneración al principio de legalidad por inexistencia del hecho denunciado.

Multa por pasar un semáforo en rojo

Supuesta imagen del vehículo pasando un semáforo en fase rojo.

Desglosaremos de forma pormenorizada, pero sencilla, teniendo en cuenta el lenguaje legal, lo que es una medida que le puede afectar directamente como usuario de las vías de trasporte por carretera. Para ello, nuestro gabinete de abogados especializado de Gesthispania, ha puesto en funcionamiento la maquinaria legal (bien engrasada por cierto) de la que dispone, y al más alto nivel y profesionalidad que sabemos. Se ha adjudicado (merecidamente, sin miedo a decirlo) una “muesca” de efectividad y de talento en esta sentencia.

Como comentábamos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid nos ha dado por válida una demanda interpuesta en su día a favor de un cliente nuestro. Dicha sentencia ha sido dictada sin que fuera necesario la celebración del juicio, ya que en la demanda se pidió expresamente “la no celebración de vista” de acuerdo al Art. 62 de la  Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , y al no mediar manifestación contraria por parte de la letrada del demandado, se declaró el pleito concluso dictándose la correspondiente sentencia estimatoria a nuestro favor.

Detallando un poco más los hechos y la demanda interpuesta que es objeto de este análisis, pedimos que se anulara la sanción a nombre del demandado, nuestro cliente, por la parte contraria, el Ayuntamiento. Éste último consideró, como contra medida y como suceso delictivo, que la persona sancionada rebasó un semáforo en fase roja, en el Paseo de la Castellana 105. Nosotros debíamos probar que este hecho no acaeció, debíamos demostrarlo, adjuntando pruebas y buscando las vías legales más apropiadas para este caso particular, y comenzar un proceso consecuente en todos sus componentes.

Nuestro cliente recibió su correspondiente notificación de denuncia junto con dos fotografías, en una se muestra el vehículo antes de rebasar el semáforo y, en la otra, el coche cuando ya ha pasado el semáforo, pero en dichas foto no se apreciaba con total claridad que dicho semáforo estuviera rojo. Esto implica que puede tratarse también de un semáforo en amarillo, por lo que esta situación ambigua puede y debe explotarse en la medida de lo posible.

Es importante recordar que el hecho de saltarse un semáforo en rojo implica una sanción económica importante, de alrededor de 200 euros. A eso hay que sumarle la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir, que pueden hacer que perdamos todos los puntos y perdamos su vigencia.

Debemos destacar que esta cuantía económica (tipo de multa anteriormente mencionada) no corresponde con saltarse un semáforo en fase amarilla, que es lo que en este caso defendimos legalmente, ya que incluso tratándose de un amarillo fijo está justificado, siempre y cuando el detenerse implique riesgo de colisión con los vehículos que le preceden.

En este caso, creamos dos vías para aprovechar legalmente el recurso y sentenciar definitivamente la defensa de nuestro cliente. Así, basamos nuestra demanda principalmente en la presunción de inocencia (Art. 24 de la Constitución Española) y la vulneración al principio de legalidad por “inexistencia del hecho denunciado”, ya que el denunciado pasó el semáforo en amarillo, en lugar de en rojo. Todo ello lo fundamentamos en que no se aportó prueba donde apareciese con total claridad que el semáforo estaba en rojo. En las fotografías realizadas a través del dispositivo no se puede apreciar si cuando es rebasado el semáforo, por el vehículo denunciado, éste se encuentra ya en fase roja o aún esta en ámbar.

Una vez leída la demanda por la competencia legal, el juez, tenemos la sentencia que habíamos buscado desde el principio, y nos da la razón, porque desde su punto de vista, efectivamente, la fotografía no es nítida. Añadimos además, que el juez ni tan siquiera tiene en cuenta que el vehículo que circulaba junto al de nuestro cliente aparezca detenido, ya que la fotografía por sí sola no sirve para demostrar que se detuvo, es por ello que debe prevalecer el derecho a la presunción de inocencia.

Como resumen, una situación difícil para nuestro cliente la hemos solventamos de la mejor manera posible y haciendo un detallado estudio de su situación, pudimos concretar como atacar ese caso en particular, ya no solo en un frente, sino en varios, haciendo más efectivo, si cabe, el recurso; que dicho por otra parte, es lo que hacemos, y en ello somos profesionales en continua superación de cualquier tipo de traba legal, defendiendo siempre los intereses nuestros clientes.

Por desgracia, la mayor parte de la gente no se atreve a presentar y defender su caso en los Juzgados, por ello, algunos organismos en este tipo de situaciones se suelen aprovechar de la situación, saben que no todo el mundo está dispuesto a ir a los Tribunales, que es donde se suelen ganar estos temas.

Esperamos que este caso os sirva de ayuda, tanto si os encontráis ahora en una misma situación y no sabéis como defenderos, o si os pasa en el futuro. En cualquier caso, dejadnos vuestras consultas como comentarios en este artículo.

Defensa de multas por pasar un semáforo en rojo

En la actualidad son muchos los Juzgados (que no los Organismos..) que no dan validez a las infracciones de semáforo en fase roja, bien porque han sido tomadas por sistemas de captación de imágenes indebidamente homologados, o porque no cumplen lo dispuesto en la Ley, por ejemplo: no aparece claramente en la fotografía el hecho infringido.

Multas Semáforo

Semáforo sencillo. Fuente Google Images

En diversos manuales de la Dirección General de Tráfico aparece la siguiente documentación como imprescindible para que dichas infracciones sean válidas, por lo que es recomendable cuando nos lleguen este tipo de infracciones analizarlas con cuidado, pues es importante recordar que no solo se trata de infracciones de una cuantía elevada sino que, una vez firmes, conllevan siempre, la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir.

Dicha documentación es la siguiente:

– Documento fotográfico ampliado del vehículo sancionado. Para verificar si el mismo, efectivamente, rebasó el semáforo en fase roja. En relación con esto, cabe señalar que de propia documentación de la DGT a la que hemos tenido acceso, se indica que “estando el semáforo en fase roja y en caso de que un vehículo sobrepase la línea de detención, el dispositivo deberá tomar una secuencia de entre 3 y 5 fotografías digitales, que deberán recoger la parte posterior del vehículo y el estado de iluminación del semáforo, en las siguientes situaciones:

A. Vehículo antes de la línea de parada.

B. Vehículo sobrepasando línea de parada.

C. Vehículo habiendo sobrepasado el cruce o el paso de peatones.

Opcionalmente, y de forma deseable, se permitirá la toma de una secuencia de vídeo.

El dispositivo debe permitir, por comparación de las fotografías captadas y de forma automática, la verificación de la infracción.                          

– Certificado del sistema de captación de imágenes utilizado, que certifique que cumple lo dispuesto en la Orden ITC/3123/2010 de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del estado de estos instrumentos, puesto que la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología exige que “Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico estarán sometidos a control metrológico”.

Además, existen sentencias como la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid que señalan que “sin documento alguno que demuestre la fiabilidad del instrumento de captación y que permita enlazar con la presunción de veracidad del agente denunciante, lo que el agente presume que ha pasado es solo un mero indicio y su actuación está desprovista de la presunción de veracidad en relación directa con la conexión entre la infracción y lo captado” y añade la sentencia que “el agente ni ve la infracción ni puede entenderse de que esta, haya sido captada por un instrumento que no admita manipulación o que pase controles que aseguren el regular funcionamiento del instrumento en cuestión”.

Esta sentencia considera que el folleto informativo sobre las condiciones del aparato que capta las imágenes, no cumple esa función y que se deberían publicar las condiciones del mismo y su fiabilidad, así como el proceso de obtención de los fotogramas y demás elementos que permitan asegurar su utilización. Si bien esto en la actualidad pocos organismos lo hacen y menos se lo comunican al conductor,  al que tan solo llega, en el mejor de los casos, una secuencia de dos fotografías que no siempre recogen lo exigido por la Dirección General de Tráfico.

Pero hay que tener claro que el infractor tiene que estar dispuesto a agotar la Vía Administrativa y acudir a la Vía Contenciosa Administrativa,  para conseguir la estimación de su pretensión, lo que conlleva a asumir el coste adicional que esto supone, es decir, la asistencia letrada más las tasas judiciales.

Realmente los organismos juegan con ese respeto de los ciudadanos a acudir a la Vía Judicial (respeto derivado del coste extra que ello supone) para desestimar, casi siempre, las alegaciones que se presentan, dejando prácticamente indefensos a los ciudadanos, que una vez más tienen que adelantar su dinero para conseguir que un juzgado obligue finalmente al organismo de turno a que les de la razón.

 

¿Cómo reconocer una multa captada desde un helicóptero?

Simplemente con observar la foto que debe de acompañar a la notificación de la denuncia se podrá saber si la misma ha sido captada desde un helicóptero.

Ejemplo Multa Radar Pegasus

Ejemplo Multa Radar Pegasus. Fuente: Google Images

 

Nos parece interesante compartir una consulta realizada a nuestro Departamento Legal sobre las multas realizadas desde un helicóptero, dadas las innovaciones añadidas al control de carreteras de la Dirección General de Tráfico en los últimos meses.

¿Cómo puedo saber si me han multado desde un helicóptero?

Debemos esperar a que nos llegue la notificación de la sanción a nuestro domicilio (en caso contrario deberemos estar atentos a las publicaciones del TESTRA) y simplemente con observar la foto, que debe de acompañar a la notificación de la denuncia, se podrá saber si la misma ha sido captada desde un helicóptero, pues debe estar tomada sobre los 300 metros de altura para ser válida. Los datos del momento de la infracción aparecen en la foto y es muy sencillo comprobar si el radar está situado a esa altura, tal y como aparece en la imagen anterior.

En cuanto a los sistemas más actuales, como Pegasus, en la foto aparecerá como nombre esta denominación del nuevo sistema.

El radar de Pegasus es idéntico a los radares existentes, por lo tanto, debe de cumplir las mismas prerrogativas legales y técnicas, y estar homologado. Según indican desde la DGT: ” El radar ha sido verificado y homologado por el centro español de metrología, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y puede medir excesos de velocidad de hasta los 360 kilómetros por hora desde los 300 metros de altura a los que vuela […] El helicóptero pillará infringiendo a aquellos que infringen, por lo tanto aquellos que no infringen no tienen nada que temer”.

¿Se podrán recurrir las multas hechas con el sistema Pegasus?

Efectivamente, las alegaciones para recursos serán similares a las de cualquier radar: que el mismo este homologado y con las revisiones en regla, que el usuario del mismo tenga la capacitación técnica necesaria para hacerlo, etc.

La Ley de Tasas Judiciales. Nuevas exenciones aplicables

La reforma de la Ley de Tasas Judiciales, en vigor desde principios de 2013, fue acometida por el Ministerio de Justicia, presentada como necesaria por Ruiz Gallardón para financiar los gatos que supone el mantener una justicia gratuita en España. 

Ley de Tasas Judiciales Fuente: Google Images

El resultado es el reciente Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de Febrero, cuyos extremos más destacables son:

A)    La exención del 60% de la tasa a los funcionarios cuando actúan en defensa de sus derechos estatutarios en los recursos de apelación y casación (en primera instancia ya estaban exentos y ahora se equiparan a la cuantía de tasas de los trabajadores cuando formulan suplicación o casación en el orden social).

B)   La limitación de la cuantía de la tasa al 50 % del importe de la sanción económica para los casos de sanciones de trafico (una multa de 100 € no tendrá que pagar mas de 50 €).

C)   La devolución de la tasa cuando la Administración reconoce totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. Este “arrepentimiento” no será infrecuente si los asesores de las autoridades administrativas (Secretarios Generales, letrados públicos, etc.) les abren los ojos tan pronto se reciba noticia de un recurso contencioso-administrativo con visos serios de estar “perdido”, ello con el fin de que se reconozca en vía administrativa el desafuero y así ahorrarse las costas judiciales por vencimiento en caso de perderse.

D)   Las tasas fijas (que oscilan entre 150 y 1.200 euros) no se han tocado. Sí bajan un 80% las variables (aunque solo para los ciudadanos particulares, no para empresas). En lugar del 0,5% sobre el valor de lo reclamado se aplicará un 0,1%. Así, por tasa variable se pagará, como máximo, 2.000 euros, en lugar de los 10.000 del tope anterior.

E)   Las víctimas de maltrato y las de accidentes graves están exentas de tasa (y de abogado y procurador, porque pasan a ser beneficiarios de justicia gratuita). Los desahuciados tampoco pagarán tasas cuando pierdan el juicio contra el banco.

Aunque el sistema es manifiestamente mejorable y sigue suponiendo una dura carga sobre el particular en la tesitura de decidir si embarcarse o no en un litigio para defender sus derechos frente a una Administración que cuenta con “tarifa plana”, lo deseable sería que la limitación de la cuantía de la tasa fuese general en relación a la cuantía del litigio, no solo para las sanciones sino para cualquier objeto litigioso económicamente cifrado (indemnización, tributo, remuneración u cantidad por cualquier otro concepto); y además que se fijase en el 30% ( y no el 50% que resulta psicológicamente disuasorio de las acciones).

No obstante, muy importante es la subsistencia de la exención cuando se recurre en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración porque determinará que el abogado esté alerta a los plazos para interponer el recurso de forma inmediata tras el vencimiento del plazo que genera la desestimación presunta en vía administrativa, y de este modo ahorrarse la tasa que tendría que pagar si tuviese que combatir la Resolución desestimatoria expresa de su recurso de reposición. De hecho, se dará la paradoja del estímulo para formular el recurso de reposición potestativo frente a todos los actos que pongan fin a la vía administrativa con el fin de “jugar a la ruleta” de que pase el mes para su resolución sin respuesta y así ahorrarse la tasa.

Lo que está claro es que siendo la cuantía del litigio un factor clave, tanto en cuanto a la determinación de las tasas judiciales como sobre las costas procesales que se impondrán al vencido como regla general, hay que remarcar que, como actos de gravamen, sólo se generan en los estrictos términos y supuestos legalmente definidos sin que tenga el sujeto pasivo que soportar extensiones y analogías mas allá de la letra legal. La tasa, como tributo que se paga como contraprestación por un servicio, existe si hay tal servicio pero no cuando falta o es escaso, lo que explica la previsión de la Ley de que puedan acumularse varias acciones judiciales de distinto título en una misma demanda con la consiguiente rebaja de la tasa ( pues se lleva el pleito por un único procedimiento en vez de por varios) o la natural devolución de parte de la cuota si tiene lugar el allanamiento, transacción o reconocimiento en vía administrativa, pues ya no tiene sentido continuar el procedimiento.

El resultado vigente es crucial comprenderlo y dominarlo pues no olvidemos que la deficiencia de falta de pago de la tasa al iniciar el procedimiento “dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda” (Art.8.2).

Haciendo referencia al artículo publicado en la Revista Jurisprudencia El Derecho de D. Ignacio Borrajo Iniesta, acerca del marco constitucional de las tasas judiciales, es procedente anotar que abogados, procuradores, jueces y asociaciones de todos ellos se encuentran en contra de su aplicación. Así, la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE) lamenta que la imposición de tasas judiciales ya esté ocasionando “claros y reales perjuicios a los ciudadanos” que, ante su elevada cuantía, están decidiendo desistir a iniciar acciones o no continuar con las ya promovidas, renunciando con ello a legítimos derechos aunque supongan una clara vulneración de los mismos.

Es un secreto a voces que las polémicas tasas judiciales están disuadiendo a muchos ciudadanos a la hora de acudir a la Justicia para ver protegidos sus derechos, al haber encarecido el coste de los procesos. Basta indagar un poco para comprobar que el descenso en la cifra de nuevos procedimientos ante los tribunales es generalizado, ayudado sin duda por la terrible desaceleración económica.

De entre todos, los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, es decir, los que resuelven los litigios dirigidos contra las administraciones públicas, son los que están registrando el más abultado de los descensos en el número de nuevos procedimientos, si bien es verdad que en este orden a las nuevas tasas se ha sumado una reforma legal que impone las costas a la parte vencida en el recurso.

En este contexto, actuaciones de la Administración de dudosa legalidad, a veces inevitables en el ingente número de expedientes que tramita la Administración, pueden verse completamente ajenas al control judicial, ante la dificultad de ciudadanos y empresas de anticipar al inicio del proceso el importe de la tasa judicial, que además es sustancioso en asuntos de cuantía elevada.

Muchos han apuntado ya desde muchas perspectivas, sin faltarles a veces razón, lo delicado de esta coyuntura en la que, con el encarecimiento de los procesos, puede verse vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.